Jueves,22 de febrero de 2018

Jaque a Ciudadanos

Presunto delito de financiación ilegal u otro tipo de delito contra la administración pública. Esto es lo que consta en el escrito remitido a la Fiscalía Anticorrupción por Alberto Ganga, exmilitante de Ciudadanos en Getafe y miembro de la Plataforma por las Garantías Ciudadanas, y que apunta directamente al partido de Albert Rivera.

La denuncia fue presentada el pasado 2 de marzo y está acompañada de numerosa documentación y correos electrónicos remitidos por diferentes áreas de la Dirección de la formación naranja a sus afiliados y miembros electos con los que los denunciantes tratan de esclarecer la presunta comisión de un delito de financiación ilegal. Se basan para ello, principalmente, en la llamada “Carta ética y financiera” que recibieron los afiliados antes de las elecciones municipales y autonómicas del pasado mes de mayo, y más concretamente en un párrafo que reza lo siguiente: “Dedicar los ingresos que se pudieran obtener para los grupos parlamentarios o municipales al pago de créditos que el Partido hubiera podido contraer para hacer frente a los gastos de sus respectivas campañas electorales”.

Este texto incurre, según la Plataforma, en una violación de la Ley Orgánica 8/2007 de 4 de julio de financiación de los partidos políticos. Las pruebas, aseguran, constatan que Ciudadanos ha procedido a utilizar el dinero procedente de las subvenciones que corresponden a los grupos municipales, provinciales o autonómicos para financiar gastos del partido, lo que supondría una flagrante irregularidad en base a la citada Ley. Además, aportan pruebas referidas al modo de proceder en Agrupaciones de distintos puntos de la geografía nacional con las que quedaría demostrado que la formación estaría, presuntamente, desviando estas asignaciones económicas. Así, la Plataforma señala que en uno de los correos remitidos por la Secretaría de Finanzas se pondría de manifiesto que “la primera intención del Partido Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía era, o fue, que las asignaciones a los grupos municipales fueran transferidas a una cuenta del partido”.

Es más, con posterioridad a este correo, la propia secretaria de Finanzas de C’s hace llegar en julio de 2015, después de las elecciones y de la conformación de las Corporaciones, Diputaciones y Parlamentos Autonómicos, un “Protocolo actualizado de apertura de cuentas bancarias y gestión de Grupos” que supone, según los demandantes, “indicios claros de que las asignaciones a los distintos grupos municipales y autonómicos son controladas no por los propios grupos, sino por la Dirección Nacional del partido a través de dos de sus miembros, (…) siendo estos quienes deciden el destino y fin de dichas asignaciones”.

Estos dos miembros son Carlos Cuadrado y José Manuel Villegas, quienes debían constar como apoderados en las cuentas de ingresos abiertas por los distintos Grupos, lo que “implica un indicio de control de esta cuenta por parte del propio partido y no por el grupo municipal”.

El demandante

Alberto Ganga, abogado de profesión, se afilió a Ciudadanos en Getafe en el mes de julio de 2014. Su nombre trascendió tras denunciar ante la Junta Directiva de Madrid y ante la Nacional la presencia de personas cercanas a la extrema derecha en la organización local. Gracias a esta denuncia, todos ellos fueron expulsados de la formación en Getafe y se nombró una gestora, si bien la historia no tuvo un final del todo feliz para él dentro de la organización. La entrada de personas ajenas a la localidad en la lista de Ciudadanos Getafe de cara a las elecciones municipales despertó nuevos recelos y acabó con la expulsión de varios afiliados, entre ellos el propio Ganga.

El caso de Leganés

La denuncia ante la Fiscalía presentada por la Plataforma por presunta financiación ilegal del partido coincide en el tiempo con la expulsión del que fuera portavoz de la formación en el Ayuntamiento de Leganés, Jorge Pérez. Una vez en el grupo de no adscritos, Pérez denunció que su expulsión se debía a una maniobra de la dirección regional “para evitar que se hiciesen públicas las pruebas que vincularían a la formación en la mayoría de municipios de Madrid con una presunta financiación ilegal a gran escala”.

El motivo que alegó la formación naranja para expulsar a Pérez fue precisamente que en las pasadas elecciones municipales, Ciudadanos de Leganés se habría financiado presuntamente “de manera irregular, con donaciones de particulares”, incumpliendo la normativa interna del partido de Albert Rivera. Según Pérez, en ningún momento la dirección de Ciudadanos se ha tomado la molestia de mirar las cuentas.

“Si a mí se me acusa de una acción irregular en las cuentas, se tendrían que mirar las de todas las agrupaciones porque se ha actuado igual”, aseguraba Jorge Pérez en declaraciones a Al cabo de la Calle. Ahora, el tema llega a la Fiscalía.