Miércoles, 7 de febrero de 2018

La ordenanza de telefonía móvil de Leganés está sin cobertura

La ordenanza de telefonía móvil, aprobada durante la pasada legislatura, se presentó a bombo y platillo como pionera e innovadora y un ejemplo para los municipios que quisieran poner orden en su espacio radioeléctrico.

Sin embargo, a día de hoy sigue sin entrar en vigor y la justicia ha tirado por tierra el punto más polémico: el que hacía referencia a rebajar la potencia de emisión de las antenas 4.500 veces menos que la permitida por el Ministerio de Industria, confirmándose que el Gobierno central es el competente en esta materia.

Tras ser aprobada por el Pleno del ayuntamiento en noviembre de 2010 y publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid unos meses más tarde la ordenanza fue recurrida por Redtel, la entidad que defiende los intereses de las grandes operadoras de telefonía móvil.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendería algunos artículos de la ordenanza ya en 2011, poco antes de las últimas elecciones locales. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha levantado las medidas cautelares pudiendo entrar en funcionamiento la ordenanza a excepción de la polémica rebaja de la potencia de las emisiones.

Después de dos años de moratoria para la entrada en vigor de la nueva normativa sobre los servicios de telecomunicaciones, que acabó el pasado mes de marzo, el grupo municipal de ULEG solicitó en un Pleno que entrase en vigor y que "el ayuntamiento se la tome en serio y la aplique", según declaró Carlos Delgado, portavoz de ULEG. La moción fue respaldada por PSOE e IU con el voto en contra del PP, que también se había negado a aprobarla en 2010.

Delgado ha señalado que actualmente se puede poner en marcha la regulación para la instalación de las antenas, así como interponer los pertinentes controles y sanciones a aquellas compañías que no cumplen con la normativa.

"No se ha abierto ningún proceso sancionador ni informativo o de infracción por la instalación de antenas y nos consta que hay muchas antenas piratas que no están legalizadas", asevera el portavoz de Unión por Leganés.

Este grupo político pidió además en dicho Pleno de la corporación municipal que el ayuntamiento actualizase el inventario de antenas de telefonía móvil, que podría rebasar actualmente el número de 120 antenas. Además pidió intensificar el control de las antenas, la apertura de expedientes sancionadores a las compañías infractoras y aplicar sin más dilación ni excusas la ordenanza municipal reguladora del emplazamiento, instalación y funcionamiento de equipos para la prestación y uso del servicio de telecomunicaciones. Esta moción fue respaldada por los otros dos grupos de la oposición.

Desde el Gobierno local popular se explicó que "nunca ha habido un inventario de antenas" en el Ayuntamiento de Leganés y que "ni la Universidad Carlos III ni la Politécnica han realizado los convenios comprometidos" para la implantación de esta ordenanza.

Esta nueva normativa comenzó a elaborarse a raíz de las protestas de algunas comunidades de vecinos, algunas muy activas en la calle Alcarria del barrio de Zarzaquemada. Estos vecinos ya protestaban en 2008 por la posible relación de varios casos de cáncer en estos bloques con la cercana presencia de antenas de telefonía móvil. 

El ejemplo de otros municipios

Otro de los municipios que puso en marcha una normativa tan restrictiva como la de Leganés fue Basauri. Recientemente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado varios de los artículos más importantes que recogía el texto, tras el recurso presentado por una operadora de móviles.

Entre ellos el que prohibía la instalación de nuevas antenas a menos de 300 metros de centros escolares, de salud, residencias o parques. También dejó sin efecto el restrictivo límite de la potencia de emisiones radioeléctricas.

Esta ordenanza fue la primera aprobada en todo el territorio nacional en junio de 2010 por unanimidad de todos los grupos políticos de la corporación vizcaína. Este ayuntamiento ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo para defender su normativa.

En Gijón este mismo tribunal anuló, por no estar ajustada a derecho, parte de la ordenanza municipal para regular la instalación de las antenas. En este caso la sentencia señalaba que el ayuntamiento no tenía competencias para dictaminar a qué distancia se tenían que situar las antenas en una ciudad.

Recientemente en la vecina localidad de Getafe se ha debatido una moción en el Pleno de la corporación donde no se ha llegado a un acuerdo sobre la regulación de la instalación de las antenas de telefonía móvil después de que una plataforma contra la contaminación electromagnética pidiese a los grupos políticos endurecer la normativa. Esta plataforma y los grupos de la oposición defendían que se regularizase en este municipio una ordenanza similar a la aprobada en su día por Leganés.