Nueve alcaldes socialistas de la Comunidad de Madrid han constituido este jueves una comisión de regidores para impulsar una modificación de la Ley del Suelo autonómica que permita a las ciudades declararse zonas de mercado residencial tensionado y poder, por ende, topar los alquileres.
Así lo ha explicado el Ayuntamiento de Fuenlabrada en un comunicado, donde ha explicado que junto al alcalde de la ciudad, Javier Ayala, han firmado también los de Getafe (Sara Hernández), Alcorcón (Candelaria Testa), Parla (Ramón Jurado), Mejorada de Campo (Jorge Capa), Velilla de San Antonio (Antonia Alcázar), Ciempozuelos (Raquel Jimeno), Coslada (Ángel Viveros) y San Fernando de Henares (Javier Corpa).
El objetivo es «propiciar la vivienda asequible para garantizar el derecho de acceso» a través del fomento de «la intervención de políticas públicas y la cooperación entre administraciones».
«El objetivo básico de esta iniciativa es convertir de esta manera, la política de vivienda en el quinto pilar del Estado de Bienestar, favoreciendo y propiciando desde lo público la existencia de vivienda asequible en el mercado», ha incidido Ayala.
Los regidores han insistido en que son las administraciones más cercanas a las «necesidades de la ciudadanía» y que por ello es «necesario» que cuenten con los instrumentos legales habilitados para defender este derecho y «especialmente a los jóvenes» para su emancipación.
SIN NORMA REGULADORA
Han aclarado que esta Comisión de alcaldes y alcaldesas se constituye, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 6/1986, de 25 de junio, de 25 de Iniciativa Legislativa Popular y de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, sobre la base de que la Comunidad de Madrid no dispone de una norma que regule la materia y ante la manifiesta inacción e intención pública de sus gobernantes, de no implantar en nuestra región, la declaración de zona de mercado tensionado, que habilita la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda.
«Todos los ayuntamientos firmantes han mostrado su firme convicción de la necesidad de cooperación entre administraciones, y más en un aspecto tan vital como las políticas públicas en defensa del derecho a la vivienda, pilar necesario para el desarrollo personal y familiar de la ciudadanía, es el momento de seguir aunando esfuerzos en la materia», remata el comunicado.