El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tiene todas las papeletas para ser imputado por el Tribunal Supremo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) elevara al Alto Tribunal, ya que García Ortiz está aforado, la causa de revelación de datos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso para que decida si imputa al fiscal general.
García Ortiz es una de las piezas claves de Sánchez, uno de sus servidores más sumisos, en esa estrategia por controlar el sistema judicial español, ese derrotero bolivariano que sería el preludio de una dictadura totalitaria y de izquierdas y en la que, junto al fiscal general del Estado, juega un papel protagonista el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido.
Ambos, junto a figuras menores, pero igual de sectarias, avalan cualquier decisión del amo Sánchez y están dispuestos a proclamar que lo blanco es negro y el día es la noche, con tal de acabar con el Estado de Derecho y el sistema liberal que, desde la aprobación de la Constitución de 1978, ha traído a España los años más prósperos y también más libres.
García Ortiz ya fue desautorizado por el Supremo cuando la Sección Cuarta de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal tumbó en noviembre de 2023 el ascenso de Dolores Delgado y acusó a García Ortiz de desviación de poder.
Los magistrados consideraron que el máximo representante del Ministerio Público debió hacer caso al Consejo Fiscal cuando la mayoría de sus vocales le pidieron analizar la posible incompatibilidad de Dolores Delgado en esa fiscalía especializada, dado que el despacho de su pareja, el exjuez y abogado Baltasar Garzón, despliega parte de sus actividades en este ámbito.
Incluso los propios fiscales de Sala del Alto Tribunal se cuestionan la actividad de García Ortiz en un comunicado institucional en el que aseguran que el fiscal general debe dimitir porque no hacerlo supone para la mayoría de los fiscales “comprometer la defensa de la legalidad”, que es una de las funciones básicas del Ministerio Público.
La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera fiscal, considera inadmisible que la Institución no dé ejemplo de respeto a la ley y que el comportamiento neutral e imparcial que se exige a los profesionales que la integran, no esté siendo respetado precisamente por el fiscal general del Estado, su máxima representación.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, el blanco al que apuntan todos los actos indignos de García Ortiz en la persona de su pareja, lo ha dejado también muy claro. Isabel Díaz Ayuso se preguntaba este martes si el fiscal general del Estado, “es consciente de que cometer delitos en nombre del jefe hunde el honor de cualquiera”.
“Yo creo que de seguir así no va a poder ahogarse más en su propio desprestigio, así que yo creo que en lugar de reconocer que ha cometido según qué atrocidades lo que debería hacer es ser consecuente y darse cuenta de que le quedaría mucha carrera y mucha vida laboral por delante”.
García Ortiz es un peón de Sánchez, una figura indigna, dispuesto a todo, cuyo mérito será pasar a la historia de la infamia.
